El 19 de abril de 2026, la Casa Blanca instó públicamente al sector bancario a "avanzar" en las negociaciones sobre las disposiciones de rendimiento de stablecoins incluidas en la Ley CLARITY, calificando de "codiciosos" a los bancos que seguían bloqueando el proceso. Se trata de la crítica pública más directa hasta la fecha por parte del poder ejecutivo estadounidense hacia el lobby bancario. Ese mismo día, el presidente Trump publicó dos tuits consecutivos mostrando un firme respaldo a la Ley CLARITY, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reiteró que la legislación convertiría a Estados Unidos en "el país más avanzado del mundo en regulación cripto". Esta presión conjunta del ejecutivo y el Tesoro durante un solo fin de semana no tiene precedentes en la historia de la legislación sobre criptoactivos.
El momento elegido para ejercer esta presión responde claramente a una estrategia. El Comité Bancario del Senado prevé una ventana de enmiendas a finales de abril. El Senado lleva más de una semana en pleno funcionamiento tras el receso de Pascua y el calendario legislativo entra en su recta final. Patrick Witt, director ejecutivo del Comité Asesor Presidencial sobre Activos Digitales, reveló en la Solana Policy Institute Summit que el proyecto debe salir del Comité Bancario antes del receso de agosto. Después, aún necesitará votación en el Senado, conciliación y una nueva aprobación en la Cámara antes de llegar al despacho presidencial. El trámite en el Comité Bancario a finales de abril se considera la "última ventana" para la legislación de 2026; si no se aprovecha, la iniciativa probablemente se retrasaría hasta 2027.
La intervención de la Casa Blanca busca, en esencia, abrir espacio político para el compromiso Tillis-Alsobrooks (que prohíbe el rendimiento pasivo pero permite incentivos basados en actividad), utilizando la autoridad ejecutiva para inclinar la balanza en las negociaciones.
¿Qué cuestiones regulatorias fundamentales aborda la Ley CLARITY?
La Ley CLARITY, cuyo nombre oficial es "Digital Asset Market Clarity Act of 2025" (H.R.3633), fue aprobada en la Cámara en julio de 2025 por 294 votos a favor y 134 en contra, y lleva más de un año bloqueada en el Senado. El objetivo central del proyecto es poner fin al prolongado dilema de la "doble jurisdicción" en la regulación de activos digitales en EE. UU., donde un mismo token podía quedar bajo supervisión tanto de la SEC como de la CFTC, o incluso de ninguna de las dos.
En lugar de crear un marco completamente nuevo, la ley se apoya en principios regulatorios existentes para delimitar competencias. En concreto, los activos digitales suficientemente descentralizados y que ya no dependen de un único emisor se clasifican como "commodities digitales", con el trading spot supervisado principalmente por la CFTC. Los activos en fases iniciales con claros atributos de recaudación de fondos quedan bajo la supervisión de la SEC, que cubre las ofertas iniciales, la divulgación y la protección al inversor. Para intermediarios como exchanges, brókers y creadores de mercado, la ley establece estándares unificados de registro y conducta. El objetivo es crear un entorno de cumplimiento predecible para inversores institucionales, poniendo fin a años de incertidumbre regulatoria basada en la aplicación de sanciones en vez de normas claras.
Sin embargo, a medida que el proyecto avanzó en el Senado, el debate se desplazó rápidamente de la clasificación de activos y jurisdicción hacia una cuestión más específica y sensible: las disposiciones sobre el rendimiento de stablecoins.
¿Por qué las disposiciones sobre el rendimiento de stablecoins se han convertido en el eje del debate?
La polémica en torno al rendimiento de stablecoins no gira en torno a si deberían existir, sino a si el rendimiento generado por sus activos de reserva puede distribuirse a los usuarios. Actualmente, los emisores de stablecoins suelen invertir las reservas en activos de bajo riesgo como bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo y repos inversos, obteniendo intereses. Luego, comparten indirectamente estos rendimientos con los usuarios a través de exchanges o socios del ecosistema en forma de "recompensas" o "reembolsos". Esto genera una "cadena de transmisión de cuasi-intereses" que elude la regulación sobre el pago directo de intereses, manteniendo al mismo tiempo el atractivo de las stablecoins.
Sin embargo, el borrador revisado por el Senado impone restricciones sustanciales. Según el texto publicado, los proveedores de servicios de activos digitales y sus filiales tendrían prohibido ofrecer rendimiento sobre saldos de stablecoins o cualquier mecanismo económicamente o funcionalmente equivalente al interés de los depósitos bancarios. Esto limitaría de forma sistemática el modelo de "traspaso de rendimiento", no solo exigiría ajustes cosméticos de cumplimiento. Se seguirían permitiendo incentivos basados en actividad (como recompensas de fidelidad, incentivos por trading o bonificaciones por uso de la plataforma), pero la SEC, la CFTC y el Tesoro definirán conjuntamente qué actividades califican como incentivos legítimos y cuáles constituyen interés indirecto "económicamente equivalente".
La importancia de esta disposición radica en que busca trazar una línea legal clara entre las stablecoins como "instrumentos de pago" y como "productos de ahorro". Si se aprueba, las stablecoins se redefinirán como herramientas de pago y liquidación, no como productos de ahorro on-chain.
¿Por qué el sector bancario se opone firmemente a las disposiciones sobre rendimiento?
La oposición de la banca no se basa en tecnicismos regulatorios, sino en una amenaza estructural a su modelo de negocio. Los bancos argumentan que, si las plataformas de stablecoins pueden traspasar intereses de reserva a los usuarios, estarían ofreciendo productos funcionalmente equivalentes a los depósitos bancarios, pero sin cumplir los requisitos de capital, liquidez o protección al consumidor.
La American Bankers Association ha advertido de posibles salidas de depósitos por hasta 6,6 billones de dólares. La Independent Community Bankers of America (ICBA) ofrece estimaciones más concretas: si se permite el rendimiento de stablecoins, los depósitos en bancos comunitarios podrían caer en torno a 1,3 billones de dólares y el volumen de préstamos, unos 850 000 millones. Lo más preocupante es que la mayoría de las reservas de stablecoins se invierten actualmente en bonos del Tesoro y productos similares, quedando muy poco como depósitos en el sistema bancario. Este cambio en los flujos de fondos ejerce una presión estructural especialmente intensa sobre la banca regional.
El sector ha intentado contrarrestar la postura de la Casa Blanca con datos empíricos. El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca informó el 8 de abril que prohibir el rendimiento de stablecoins aumentaría el crédito bancario solo en unos 2 100 millones de dólares (un 0,02 % más), mientras que impondría unos 800 millones en costes netos para los consumidores. El sector encargó rápidamente un informe al economista Andrew Nigrinis para rebatir estas conclusiones, argumentando que, a medida que el mercado de stablecoins supere los 300 000 millones de dólares, los riesgos asociados crecerán de forma no lineal. La Consumer Bankers Association ha advertido que cualquier forma de distribución de rendimiento, incluso incentivos limitados basados en actividad, podría erosionar la base tradicional de depósitos.
A 20 de abril de 2026, la capitalización total del mercado de stablecoins superaba los 315 000 millones de dólares, con USDT en torno a 184 000 millones y USDC ampliando su cuota a 75 300 millones y un crecimiento anual del 73 %. Este volumen de capital hace que la banca tradicional no pueda ignorar el posible impacto de las disposiciones sobre el rendimiento de stablecoins.
¿Qué revela la evolución de las posturas de Coinbase y Circle?
El cambio de postura de Coinbase ha sido un indicador clave durante el proceso legislativo. En enero de 2026, el CEO Brian Armstrong retiró públicamente su apoyo a la Ley CLARITY, calificando la versión revisada del Senado como "peor que la situación actual". Sus principales objeciones eran la prohibición de acciones tokenizadas, las restricciones a DeFi y enmiendas que podrían eliminar las recompensas de stablecoins. Sin embargo, el 10 de abril de 2026, tras el respaldo público de Bessent al proyecto, Armstrong dio marcha atrás y calificó la versión actual como "una ley sólida".
Este giro de 180 grados responde a cálculos económicos claros. Las estimaciones del mercado sugieren que los ingresos relacionados con stablecoins representan alrededor del 20 % de los ingresos totales de Coinbase, y la interpretación final de las normas sobre incentivos basados en actividad determinará directamente la sostenibilidad de esta fuente de ingresos. El director de políticas de Coinbase, Faryar Shirzad, señaló que se espera que el Comité Bancario revise el proyecto en abril y destacó la importancia de los incentivos de stablecoins para la protección del consumidor.
La situación de Circle es aún más directa. En 2025, los ingresos totales de Circle fueron de unos 2 747 millones de dólares, de los cuales 2 637 millones (casi el 96 %) procedían de los activos de reserva. Tras la publicación del borrador, la cotización de Circle cayó en torno a un 20 %. Es importante destacar que Circle no paga rendimiento directamente a los tenedores de USDC, sino que distribuye los ingresos de reserva a socios como Coinbase. Por tanto, las restricciones sobre la cadena de distribución de rendimiento afectan más a Circle por el lado de la demanda que por el de los ingresos: si se limitan los incentivos, los usuarios podrían estar menos dispuestos a mantener USDC, lo que ralentizaría el crecimiento de la circulación.
Circle trabaja para reducir su dependencia del rendimiento de reservas mediante el desarrollo de la red Web3 PayFi, pero este cambio estratégico llevará tiempo en consolidarse. Las posturas de estas dos compañías líderes demuestran que las disposiciones sobre el rendimiento de stablecoins no son un mero tecnicismo regulatorio, sino que afectan al núcleo de la viabilidad de sus modelos de negocio.
¿Puede el compromiso satisfacer tanto a la banca como a la industria cripto?
El compromiso Tillis-Alsobrooks es, por ahora, el camino legislativo más cercano al consenso. Su diseño central es un enfoque "binario": se prohíbe el rendimiento pasivo sobre saldos de stablecoins, pero se permiten incentivos basados en actividad, como recompensas de fidelidad, promociones, servicios de suscripción, pagos y uso de la plataforma. El objetivo es distinguir legalmente la lógica de "hold-to-earn" (mantener para ganar) propia del ahorro, de la lógica de "use-to-earn" (usar para ganar) vinculada al pago.
Sin embargo, no está claro si este compromiso podrá consolidarse. Por un lado, la presión del lobby bancario se ha ampliado desde los miembros del comité a un grupo más amplio de senadores, con organizaciones como la North Carolina Bankers Association movilizando a sus miembros para llamar directamente a las oficinas del Senado. Por otro lado, la autoridad para definir la "equivalencia económica" recaerá conjuntamente en la SEC, la CFTC y el Tesoro, lo que significa que, incluso si se aprueba la ley, el proceso normativo será un nuevo campo de batalla. En la Solana Summit, Patrick Witt dejó claro que la fase de implementación "será muy conflictiva" y que la elaboración de normas podría durar meses o incluso años.
Desde el punto de vista legislativo, el presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, aún no ha anunciado una fecha concreta para el trámite de enmiendas. Los mercados de predicción muestran oscilaciones significativas en las probabilidades de que la ley se apruebe en 2026, pasando de un máximo a principios de año a un mínimo del 47 %, para luego repuntar en torno al 69 %. Si el Comité Bancario no avanza en abril, la política electoral de mitad de mandato probablemente aparcará la ley el resto de 2026 o incluso la retrasará hasta 2027.
¿Cómo afectará la aprobación de la ley a la estructura del mercado de stablecoins?
Si se aprueba la Ley CLARITY, las disposiciones sobre el rendimiento de stablecoins tendrán tres efectos estructurales en el mercado.
En primer lugar, cambiará de raíz la lógica de crecimiento de las stablecoins. En los últimos años, la expansión de las stablecoins se ha apoyado en dos tipos de demanda: la necesidad de liquidación on-chain y pagos transfronterizos, y el uso de stablecoins como herramienta de aparcamiento de bajo riesgo. Este último factor ha sido clave, ya que los saldos aumentan cuando el coste de mantenerlos es bajo y existe una expectativa implícita de rendimiento. Una vez que los reguladores eliminen los mecanismos de "cuasi-interés", el atractivo de las stablecoins como activo de aparcamiento se reducirá, disminuyendo el incentivo para mantenerlas y generando incertidumbre sobre el crecimiento de la circulación.
En segundo lugar, las oportunidades de rendimiento volverán a la banca tradicional, los fondos monetarios y los productos financieros regulados. Las plataformas cripto nativas verán muy limitada su capacidad para competir en rendimiento, y los protocolos DeFi que dependen de retornos basados en stablecoins afrontarán restricciones regulatorias directas. Los analistas señalan que los protocolos de finanzas descentralizadas como UNI y AAVE, que dependen de mecanismos de rendimiento con stablecoins, podrían ser de los primeros afectados.
En tercer lugar, los modelos de negocio de los emisores de stablecoins divergirán. USDT, que opera principalmente fuera de EE. UU. y no depende del traspaso de rendimiento a los usuarios, apenas se verá afectado. USDC, que basa su demanda en el rendimiento de reservas y sus canales de distribución, sufrirá un impacto más acusado por el lado de la demanda. Las nuevas stablecoins cuyo principal atractivo competitivo es la redistribución de rendimiento afrontarán los mayores retos de sostenibilidad.
Si la ley no se aprueba en 2026, la ambigüedad jurisdiccional entre la SEC y la CFTC persistirá, y es probable que los inversores institucionales sigan esperando. JPMorgan ha identificado la aprobación de la ley como un posible catalizador positivo para el mercado de activos digitales en la segunda mitad del año, especialmente para el gran capital institucional que aguarda mayor seguridad jurídica.
Resumen
El proceso legislativo de la Ley CLARITY entra en una fase decisiva en 2026. La presión conjunta de la Casa Blanca y Trump ha alterado el equilibrio negociador, pero la batalla sobre las disposiciones de rendimiento de stablecoins está lejos de concluir. El núcleo del conflicto entre la banca y la industria cripto no reside en tecnicismos regulatorios, sino en el flujo de billones de dólares y la reestructuración de la intermediación financiera. El compromiso Tillis-Alsobrooks ofrece una vía política inmediata, pero el proceso normativo posterior abrirá una nueva ronda de disputas. Sea cual sea el desenlace, la Ley CLARITY supondrá un punto de inflexión en la regulación de activos digitales en EE. UU.: delimitará las competencias entre la SEC y la CFTC y redefinirá el papel de las stablecoins como instrumentos financieros: ¿son infraestructura de pagos o vehículos de rendimiento on-chain? La respuesta se conocerá en las próximas semanas.
Preguntas frecuentes
P: ¿En qué se diferencia la Ley CLARITY de la Ley GENIUS?
La Ley GENIUS, promulgada en julio de 2025, estableció principalmente normas federales de reserva y reembolso para la emisión y operativa de stablecoins de pago. La Ley CLARITY parte de esa base para crear una estructura de mercado de activos digitales más amplia, clarificar la jurisdicción de la SEC y la CFTC y abordar cuestiones adicionales como la divulgación y las recompensas asociadas a stablecoins.
P: ¿En qué consiste exactamente el compromiso Tillis-Alsobrooks?
El núcleo del compromiso es un enfoque "binario": se prohíbe el rendimiento pasivo sobre saldos de stablecoins (es decir, que los usuarios obtengan cualquier tipo de retorno económico simplemente por mantener stablecoins), pero se permiten incentivos basados en actividad, como recompensas de fidelidad, promociones, servicios de suscripción, pagos por transacción y uso de la plataforma. La SEC, la CFTC y el Tesoro definirán conjuntamente las normas que distingan los incentivos legítimos del interés "económicamente equivalente".
P: ¿Cómo afectará esta ley a los tenedores habituales de stablecoins?
Si la ley se aprueba en su forma actual, los tenedores habituales dejarán de obtener rendimiento simplemente por mantener stablecoins. Algunas plataformas podrán seguir ofreciendo incentivos indirectos a través de mecanismos basados en actividad (como recompensas por trading o programas de fidelidad), pero estarán estrictamente limitados. El atractivo de las stablecoins como activo de aparcamiento se reducirá y recuperarán su función principal como herramientas de pago y liquidación.
P: ¿Cómo dividirá la ley la autoridad regulatoria entre la SEC y la CFTC?
La Ley CLARITY situará la mayor parte del trading spot de tokens elegibles bajo la supervisión principal de la CFTC, mientras que la SEC seguirá regulando las ofertas iniciales, la divulgación y la protección al inversor. Los activos digitales altamente descentralizados (como Bitcoin) se clasificarán como "commodities digitales" bajo jurisdicción de la CFTC; los activos en fase de recaudación serán regulados por la SEC como valores.
P: ¿Por qué el sector bancario se opone de forma fundamental a las disposiciones sobre el rendimiento de stablecoins?
La principal preocupación de la banca es la equidad competitiva. Los bancos deben cumplir requisitos de capital, cobertura de liquidez y obligaciones de seguro de depósitos, mientras que las plataformas de stablecoins podrían ofrecer rendimiento a los usuarios sin cargas regulatorias similares, generando una desventaja estructural. El sector sostiene que debe aplicarse el principio de "mismo riesgo, misma regulación", y que, sin límites al rendimiento de stablecoins, los depósitos migrarán cada vez más rápido de la banca tradicional a los activos on-chain.
