El Senado de Tennessee propone un proyecto de ley para excluir a las CBDC de la definición de dinero del estado

Un senador de Tennessee ha presentado un nuevo proyecto de ley que busca desvincular las CBDC de la definición de dinero del estado.

El Senado de Tennessee presentó un nuevo proyecto de ley escrito por el senador Frank Niceley que propone redefinir el término “dinero” dentro del Código Comercial Uniforme (UCC) del estado. La idea es excluir explícitamente las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) de la definición de dinero del Estado.

Este movimiento se alinea con acciones legislativas similares en Indiana y Florida, lo que indica una tendencia creciente entre los estados a examinar el papel de las monedas digitales emitidas por el gobierno en sus economías. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha expresado sus reservas sobre las CBDC, centrándose en las preocupaciones sobre la privacidad individual y la extralimitación gubernamental.

Las CBDC representan una forma digital de la moneda fiduciaria de un país, emitida y regulada por su banco central. Son distintas de las criptomonedas descentralizadas como Bitcoin (BTC), ya que están centralizadas y respaldadas por el gobierno.

Los defensores de las CBDC argumentan que ofrecen una mayor seguridad, aumentan potencialmente la inclusión financiera y proporcionan una transacción más eficiente en comparación con la moneda tradicional. Sin embargo, se han planteado preocupaciones sobre las implicaciones para la privacidad y el potencial de una mayor vigilancia gubernamental, dada la trazabilidad de las transacciones digitales.

El proyecto de ley de Tennessee plantea preguntas significativas sobre la interacción entre las leyes estatales y federales, especialmente teniendo en cuenta la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, que da prioridad a la ley federal sobre las leyes estatales. Esta tensión no es nueva; Casos históricos como la legalización de la marihuana medicinal en California en 1996, a pesar de la prohibición federal, y la resistencia de los estados a la Ley REAL ID, demuestran cómo la legislación estatal puede afectar la implementación de las políticas federales.