Aunque persisten los desafíos en la aplicación en el sistema actual, existe un argumento convincente a favor de regulaciones más estrictas. Los miembros del Congreso, junto con sus familias inmediatas y redes extendidas, deberían enfrentarse a restricciones exhaustivas en el comercio de acciones. La razón es sencilla: los funcionarios electos y sus asociados cercanos que mantienen posiciones directas en el mercado generan conflictos de interés inherentes que socavan la mecánica del mercado justo y la confianza pública. Esta salvaguarda estructural no se trata solo de ética, sino que es fundamental para prevenir el abuso de la asimetría de información y mantener la integridad del mercado.